Medio Ambiente

DECLARACIÓN
LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y EL USO DE CIANURO
ESTÁN PROHIBIDOS EN TODO CHUBUT

La ley 5001, sancionada en abril del 2003, prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en Chubut. También ordenaba que en un plazo de 120 días se definieran zonas donde sí habría explotaciones mineras. Este plazo –obviamente- está ampliamente vencido y por lo tanto la prohibición rige en todo el territorio plenamente. Esta ley es pionera en Argentina ya que luego se sancionaron leyes parecidas en las provincias de Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa , San Luis y Córdoba.
A pesar de la plena vigencia de la prohibición de explotación minera metalífera, otras dos leyes sancionadas en el año 2006 suspendieron toda actividad minera por 36 meses sólo en el oeste cordillerano y ese plazo este año. El argumento que usó el gobierno fue tener tiempo para zonificar a Chubut con criterio minero.

Ahora que finaliza la suspensión en la cordillera, aparecen aliados en sus intenciones: los diputados de los dos partidos mayoritarios y de algunos otros partidos, que apuntan a que haya zonas de sacrificio abiertas a la actividad minera y uso de tóxicos. Prolongan la suspensión por otros tres años y hablan de hacer estudios, mapeos y análisis para justificar territorios a favor de las mineras. Quedan afuera los reclamos opuestos a la actividad que concretan los vecinos en cada rincón de la provincia.

En las últimas semanas, diputados de las bancadas del gobierno de Mario Das Neves y la UCR estuvieron lanzando un enredo de interpretaciones legales para finalmente extender otros 36 meses aquella suspensión. Intencionalmente generaron una maraña que deja afuera la cuestión de fondo, que es:

Reafirmar de manera indudable y perdurable en el tiempo la prohibición de la minería a gran escala y el uso de tóxicos en toda la provincia.
En la cordillera, en la meseta y en las ciudades de la costa chubutense, somos cada vez más los vecinos alertados y movilizados por las consecuencias negativas sociales, ambientales y económicas de la minera a gran escala. Demandamos la absoluta vigencia de la prohibición de la minería a cielo abierto a gran escala y el uso de tóxicos en Chubut y no admitimos la extorsión que plantean algunos legisladores de aumentar lo que deja la minería a cambio de nuestros bienes naturales.

El tema minero en el país y específicamente en Chubut, está instalado desde hace 7 años y medio como eje de debates y protestas desde el inicio de la movilización de la población de Esquel contra el proyecto minero de oro y plata que fue frenado por el plebiscito de marzo de 2003 con un rechazo del 81% de la población y el amparo ambiental ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta oposición hoy se extiende en 14 provincias argentinas movilizadas contra el saqueo y la contaminación.

Desde el oficialismo y otros sectores políticos, solo se cuestiona la escasa renta que deja en realidad la minería. Como una auténtica extorsión escuchamos a distintos legisladores plantear tibios cambios a las leyes nacionales para que “ya que se llevan todo, por favor dejen algo más de plata” . Ignoran el amplio rechazo de la población y nada dicen de proteger y defender los bienes de todos: el agua, la tierra, la producción y el trabajo perdurables en el tiempo, la vida digna.
La preservación de bienes vitales y la definición de la minería como un saqueo, son los ejes de esta postura que resuena en todo el país contra la actividad minera contaminadora.
Mientras tanto, siguen vigentes las escandalosas leyes que amparan el saqueo minero y, con ese escudo, desde el gobierno nacional acompañado por numerosas provincias, definen a la minería como política de estado. Lo prueba el apoyo explícito de la presidenta a todos los proyectos mineros del país y el veto a la ley de protección de glaciares.
En esa misma línea, el gobierno de Mario Das Neves viola los derechos de los pueblos originarios consagrados internacionalmente permitiendo la instalación de una mina a cielo abierto en sus territorios ancestrales.

A manera de ejemplo, señalamos que las tareas de exploración minera del proyecto Navidad no contaron con una consulta previa, informada y participativa de comunidades Mapuches y Tehuelches que hoy soportan la irremediable situación de ver sus territorios y bienes naturales violados por un emprendimiento gigantesco. Lo mismo cabe decir de centenares de proyectos que se pretenden llevar adelante en todos los demás lugares de la provincia.

Esas prácticas condicionan la libre determinación de los pueblos ya que no aplican las correspondientes y diversas herramientas de información y participación consagradas por el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, ambos incorporados a la constitución nacional con categoría de Tratado Internacional y rango superior a las leyes, rigen plenamente en toda la nación pero no son cumplidos ni respetados por el Estado Provincial.
Agravando tales acciones, a comienzos de este año el gobierno de Chubut -sin debate previo y por decreto- estableció un cuestionable mecanismo de "consulta pública" para proyectos u obras, sin respetar los derechos establecidos en aquellos instrumentos legales nacionales e internacionales que el estado debería poner al alcance de la población para tomar decisiones acertadas.
De esta forma los permisos de exploración minera otorgados en Chubut, paso previo a la explotación, suman cientos de miles de hectáreas. Tan es así que el catastro minero de la provincia registra casi un 20% de la superficie de la provincia en manos de las mineras (alrededor de 4.500.000 de hectáreas)
No a la minería saqueante y contaminante en toda la Provincia
No queremos enredos: No a la zonificación minera de Chubut
No a las falsas promesas de ¨progreso¨ y de ¨control ambiental¨
No al intento de engaño a los vecinos de toda la provincia
Sí a fuentes de trabajo genuinas y sustentables
Si a la vida digna de las actuales y futuras generaciones.


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